Para Brasil, país que planteó la Río+20 en 2007 y que presidirá la reunión, es fundamental que las discusiones se rijan bajo el principio del no retroceso, que no acepta repliegues relacionados con los conceptos y compromisos internacionales previamente asumidos. Ese principio se vuelve aún más importante frente a los desafíos globales que requieren la adopción de soluciones innovadoras y osadas para enfrentar las necesidades de los tres pilares del desarrollo sostenible de modo abarcador y equilibrado.

Los resultados deben garantizar que todos los países se sientan capaces de implementar las decisiones adoptadas en Río, teniendo en cuenta la creación de condiciones adecuadas - los recursos necesarios de naturaleza financiera, tecnológica y de capacitación - que permitan implementarlas. Así se construye una visión compartida de sostenibilidad legítima, que debe prevalecer a lo largo de las próximas décadas. Cabe destacar que la Río+20 es una Conferencia sobre el desarrollo sostenible, y no simplemente sobre el medio ambiente. El desafío de la sostenibilidad, por ende, representa una gran oportunidad para la transformación de un modelo de desarrollo económico que aún necesita incluir  plenamente las preocupaciones sobre el desarrollo social y la protección ambiental.

Brasil entiende que las discusiones llevadas a cabo en la Río+20 deben servir para incrementar la conexión entre los objetivos generales expresos en el concepto de desarrollo sostenible y la realidad económica. Así, dichas discusiones deben servir como un instrumento para la implementación de compromisos con el desarrollo sostenible. Con el propósito de perfeccionar y diseminar el concepto de “economía verde”, Brasil propone que la Río+20 reconozca la “economía verde inclusiva”, con destaque para la importancia del pilar social, a la vez que éste sintetiza el propósito de la Conferencia: “economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza”. Asimismo, las discusiones deben enfocar un ciclo sostenible de desarrollo, con la incorporación de miles de millones de personas a la economía, con el consumo de bienes y servicios dentro de estándares sostenibles.

La “economía verde inclusiva” encuentra ya un ejemplo en políticas públicas de diferentes países, a partir de programas en áreas como transferencia de ingresos; actividades de promoción de la conservación o recuperación ambiental; apoyo a segmentos de la población cuya renta se origina en el reciclaje de residuos sólidos; diseminación de buenas prácticas agrícolas con el uso de tecnologías asequibles a pequeñas propiedades rurales y familias de agricultores; y capacitación en tecnologías con mayor eficiencia energética.